Aquí estoy sentado, esperando una respuesta que parece nunca llegar, y mientras tanto, me pongo a escribir. Aunque he considerado hacerlo muchas veces, hoy he decidido expresarme para evitar gritar o llorar de impotencia, una sensación que muchos han sentido.
No busco caer en el victimismo; en realidad, rechazo a aquellos que justifican sus decisiones con traumas familiares. Cada día, cuando amanece, muchas personas, incluyendo a mí, salimos en busca de respuestas a nuestras necesidades. Algunas personas las encuentran porque depende de ellas mismas, al menos en cuestiones materiales. Sin embargo, muchas otras no tienen la misma suerte.
Estas personas acuden a la administración pública, desde ayuntamientos y servicios de salud hasta la justicia, buscando ayuda para problemas de adicción que afectan a seres queridos. Con el tiempo, descubren que el sistema no funciona adecuadamente para tratar problemas de adicción, ya sea a drogas o alcohol, que afectan a otros, generando una autodestrucción inconsciente y repercutiendo en su entorno cercano.
Se busca ayuda en diversas instituciones, pero siempre se recibe la misma respuesta:
“No podemos hacer nada porque él no quiere.”
Esta respuesta marca el inicio del sufrimiento de familiares y amigos que intentan ayudar. Se trasladan de una oficina a otra, al centro de salud, al hospital y a la justicia, tratando de obligar a la persona a recibir ayuda. Pero enfrentan una barrera constante:
“Si él no quiere, no podemos intervenir.”
Algunos incluso opinan que si alguien elige morir de esta manera, es su decisión. La falta de empatía y la ausencia de herramientas legales que permitan obligar a alguien a recibir tratamiento o, en casos terminales, a morir dignamente con cuidados paliativos, son alarmantes. La noción de “voluntad propia” es absurda, pues el alcohol y las drogas anulan la capacidad de tomar decisiones racionales, y se considera un atenuante en el ámbito legal. Entonces, ¿por qué se asume que alguien en estado de intoxicación sabe lo que hace cuando solicita un alta voluntaria?
Este es el drama que enfrentan muchas familias: no encontramos respuestas mientras observamos cómo nuestros seres queridos se deterioran lentamente hasta un final inevitable. Nos quedamos sin confianza en el sistema que debería protegernos, y nos surgen preguntas sin respuesta:
¿Por qué la justicia o un médico no pueden forzar el internamiento en un centro de tratamiento para adicciones?
¿Por qué se opta por encarcelar a alguien por un delito en lugar de tratar su adicción en un centro especializado?
¿Por qué?
Y muchas más preguntas quedan cuando ya es demasiado tarde:
¿Qué hice mal que no pude ayudar?
¿Por qué no pude evitarlo?
¿Por qué nadie me asistió?
La falta de respuestas nos lleva a abogar por un cambio legislativo que permita a médicos o jueces ordenar el internamiento obligatorio en centros de tratamiento para adicciones. Sin duda, para combatir eficazmente el problema de las adicciones, es crucial implementar medidas preventivas como esta, ya que encarcelar a una persona por delitos cometidos bajo la influencia de las drogas solo agrava el problema a largo plazo.