San Ginés carga contra la “connivencia política” en el ‘Caso Sosa’ y exige responsabilidades: “Alguien prevaricó aquí”.
El actual senador por Canarias y secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, Pedro San Ginés, volvió esta semana a pronunciarse sobre el conocido “Caso Sosa” durante una intervención en Radio Faycán Lanzarote. El que fuera presidente del Cabildo insular denunció que lleva más de cinco años exigiendo una reparación ante lo que considera un escándalo político y económico: los 300.000 euros que Juan Manuel Sosa habría cobrado indebidamente del erario público durante su etapa como consejero de Sanidad en el gobierno que encabezó la socialista María Dolores Corujo.
San Ginés no se anduvo con rodeos y acusó directamente tanto a Corujo como al expresidente autonómico Ángel Víctor Torres de haber permitido esta situación con conocimiento de causa, tildando su comportamiento de “connivente”. Incluso aseguró que ambos, junto a otros responsables, mintieron en sede parlamentaria para mantener a flote una mayoría artificial en el Cabildo de Lanzarote.
“Esto ha sido un auténtico ‘culebrón de verano’”, expresó el senador, tras conocer la resolución judicial que da la razón a quienes llevan tiempo denunciando esta situación. A juicio de San Ginés, la Justicia ha desmontado los “trajes a medida” urdidos por el anterior Gobierno de Canarias para justificar lo injustificable, decisiones que ahora se revelan “fraudulentas”, según sus palabras.
Durante su intervención, el periodista Paco Robayna planteó una reflexión reveladora: si los 300.000 euros cobrados de forma indebida por Sosa se dividen entre la población activa de Lanzarote en la pasada legislatura, cada ciudadano habría puesto involuntariamente casi dos euros de su bolsillo para sufragar ese sueldo. San Ginés aprovechó ese cálculo para remarcar que el grupo socialista, en minoría, habría comprado la mayoría plenaria “pagando con fondos públicos a Sosa”.
“Alguien prevaricó aquí”, remarcó el senador, añadiendo que espera consecuencias judiciales y políticas para quienes participaron en esta maniobra, a la que no dudó en calificar como un “atentado contra la democracia”.
Con la Justicia exigiendo la devolución íntegra de los 300.000 euros más las costas del proceso, San Ginés dejó en el aire una pregunta cargada de ironía: “¿Ahora quién paga ‘lo suyo’, señor Sosa? ¿Otra vez nosotros?”. E incluso sugirió, en tono crítico, que el consejero tránsfuga debería ir avisando uno por uno a los ciudadanos, por si les pilla de vacaciones y no tienen su ‘aportación’ preparada.
Por el momento, cabe señalar que Juan Manuel Sosa aún dispone de la posibilidad de presentar recurso ante esta resolución judicial.