El Cabildo asume de forma directa el 80% del coste de las bonificaciones para evitar que el desfase en los ingresos del Estado afecte a la movilidad de los 8,2 millones de usuarios anuales
El Cabildo de Lanzarote ha tenido que intervenir financieramente para sostener el sistema de transporte público de la isla, asumiendo el 80% del coste de las bonificaciones actuales. Esta maniobra de tesorería busca corregir el desajuste administrativo generado por el Gobierno central, que no hizo efectivo el ingreso de las partidas correspondientes al ejercicio anterior hasta el pasado 31 de diciembre. Pese a este retraso en la recepción de fondos externos, la Corporación insular ha decidido mantener intacta la gratuidad y los descuentos para los residentes, priorizando la estabilidad de un servicio que ya es esencial para la economía doméstica.
La presión sobre el sistema es evidente: Lanzarote cerró el pasado año con un récord histórico de 8,2 millones de desplazamientos, lo que ha obligado a un redimensionamiento técnico y humano de la red. Según datos del área de Transportes, desde 2023 se ha incrementado la plantilla de conductores en un 30% y se han inyectado 30 nuevas unidades a la flota para absorber el incremento de la demanda. En términos contables, el Cabildo tramita actualmente liquidaciones por valor de 8,1 millones de euros en concepto de subvenciones directas al usuario, gestionadas a través de la concesionaria Arrecife Bus.
El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha defendido esta apuesta por la «movilidad garantizada», subrayando que el Cabildo ha actuado como pulmón financiero para que la gratuidad siga operativa en Lanzarote y La Graciosa sin interrupciones. Por su parte, el consejero de Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, ha destacado que el éxito del modelo —reflejado en el volumen masivo de viajeros— justifica el esfuerzo presupuestario realizado por la institución para compensar la falta de agilidad en las transferencias estatales.