La empresa rechaza el “secuestro” del servicio integral del agua, advierte de que no asumirá nuevas incidencias y acusa al Consorcio de actuar de forma “precipitada, desproporcionada y contraria a la seguridad jurídica”
El conflicto por el ciclo integral del agua en Lanzarote entra en una nueva fase. Canal Gestión Lanzarote ha rechazado de forma frontal el «secuestro» del servicio integral del agua por parte del Consorcio Insular, una intervención que se hizo efectiva el pasado 3 de junio.
La filial madrileña del Canal de Isabel II ha roto su silencio para lanzar una advertencia clara: no se responsabilizará de las averías o incidencias que puedan producirse a partir de este momento tras la toma de control del servicio.
La compañía considera que la actuación del Consorcio ha sido «precipitada, desproporcionada y contraria a la seguridad jurídica». Según Canal Gestión, apenas transcurrieron 24 horas entre la decisión del pleno y la toma de control efectiva, un plazo que, sostiene, hizo imposible preparar una transición ordenada.
La empresa asegura que esa urgencia le ha impedido realizar inventarios, comprobar el estado de instalaciones críticas y revisar sistemas informáticos, bases de datos, documentación económica y contratos esenciales. Además, denuncia que la situación y titularidad de parte de esos elementos habría quedado sin una delimitación clara.
Canal Gestión anuncia ahora que pasará al terreno judicial. La compañía afirma que se encuentra en plazo para recurrir la ruptura del contrato y que activará las vías legales necesarias, entre ellas la solicitud de medidas cautelares en los juzgados para intentar paralizar el “secuestro” del servicio.
Mientras tanto, la entrega de llaves, instalaciones y documentación se está realizando, según la empresa, «bajo expresa protesta y con reserva de derechos». Con ello, Canal Gestión subraya que entrega los bienes requeridos, pero que esa entrega no supone aceptar la legalidad de la intervención ni reconocer incumplimiento alguno del contrato, vigente desde 2013.
La empresa exige además que no se mueva documentación ni se actúe sobre ninguna instalación sin la presencia de sus representantes. El conflicto queda así abierto a una batalla judicial que afecta directamente a un servicio esencial para Lanzarote y La Graciosa.

