Yoné Caraballo condiciona la iniciativa a la próxima mayoría del Cabildo y Sheila Guillén plantea un fondo municipal para construir vivienda pública
Nueva Canarias-Bloque Canarista quiere abrir el debate sobre una fiscalidad turística específica para Lanzarote y ha presentado simultáneamente dos propuestas: un gravamen insular sobre las pernoctaciones y otro dirigido a los pasajeros de cruceros que llegan a Arrecife.
El candidato de NC-BC a la Presidencia del Cabildo, Yoné Caraballo, asegura que si su formación resulta determinante para formar gobierno después de las elecciones de mayo de 2027 exigirá impulsar una proposición de ley ante el Parlamento de Canarias para crear una tasa turística en Lanzarote.
La reciente Ley de Cabildos permite efectivamente que cada corporación insular ejerza iniciativa legislativa ante el Parlamento sobre materias de competencia autonómica, salvo las de naturaleza presupuestaria. Por tanto, la propuesta de Caraballo no supondría que el Cabildo pudiera crear directamente el impuesto, sino que tendría que iniciar un procedimiento legislativo para que fuera el Parlamento quien decidiera sobre su implantación.
El candidato plantea que el gravamen se aplique a las pernoctaciones y que los ingresos se destinen a vivienda pública, transporte, limpieza, protección ambiental, agua y políticas juveniles. “No podemos asumir el impacto sobre nuestras carreteras, nuestros espacios públicos, nuestra vivienda, nuestros servicios y nuestro territorio sin recabar también recursos que repercutan en la sociedad”, sostiene.
Sheila Guillén propone 5 o 2,5 euros por crucerista
En Arrecife, la propuesta de la formación es diferente. Sheila Guillén plantea establecer una tasa de 5 euros por pasajero para cruceros que permanezcan menos de doce horas y de 2,5 euros cuando la escala sea superior a ese tiempo.
El dinero iría a un Fondo Municipal de Emancipación Juvenil destinado exclusivamente a financiar vivienda pública municipal.
La propuesta necesitaría, no obstante, precisar su encaje legal antes de poder convertirse en una ordenanza. La normativa estatal permite a los ayuntamientos establecer tasas en determinados supuestos vinculados al dominio público o a servicios y actuaciones administrativas municipales, pero la mera llegada de un visitante no constituye por sí sola una habilitación automática para crear cualquier tributo local.
NC-BC calcula que con 700.000 cruceristas se podrían alcanzar hasta 3,5 millones de euros anuales. Esa cifra representa el máximo matemático posible si los 700.000 pasajeros pagaran todos 5 euros; con la tarifa de 2,5 euros aplicándose a parte de ellos, la recaudación sería necesariamente inferior.
Arrecife espera cerrar 2026 con cerca de 730.000 pasajeros de cruceros, mientras que el Ayuntamiento proyecta alcanzar los 900.000 antes de 2030. Con 900.000 pasajeros, el techo teórico a 5 euros sería de 4,5 millones.
Entre 108 y 120 viviendas en cuatro años
Guillén sostiene que la recaudación permitiría impulsar entre 108 y 120 viviendas públicas durante un primer periodo de cuatro años y llegar a unas 240 en ocho años, siempre dependiendo del dinero realmente obtenido y de la capacidad financiera y constructiva del Ayuntamiento.
La formación vincula la medida con las dificultades de emancipación de la juventud canaria. El último informe disponible del Observatorio de Emancipación situó en 14,1 % la población joven emancipada en Canarias y en 35,9 % la proporción de jóvenes con empleo que estaban en riesgo de pobreza, utilizando como referencia datos del segundo semestre de 2024.
Son cifras especialmente negativas, aunque conviene precisar que el informe estudia a la población de 16 a 35 años y no exactamente al grupo de 18 a 30 años citado en la propuesta política.
NC-BC utiliza también Barcelona y Venecia como referencia. Barcelona aplica actualmente impuestos turísticos y recargos específicos que incluyen a pasajeros de cruceros, mientras Venecia mantiene un sistema de contribución de acceso para visitantes de un solo día en determinadas fechas. Son modelos distintos entre sí y no directamente trasladables a Arrecife sin su correspondiente cobertura normativa.
Las dos iniciativas quedan por ahora en el terreno de las propuestas electorales: la tasa insular dependería de una futura iniciativa legislativa y de su aprobación por el Parlamento, mientras que el gravamen de Arrecife requeriría concretar primero su diseño jurídico y fiscal.