Los investigados fueron liberados después de que la Fiscalía planteara que España carece de jurisdicción para perseguir unos hechos presuntamente cometidos en aguas internacionales travesía en patera hacia Lanzarote.
Los sospechosos fueron detenidos después de que una mujer que viajaba en la misma embarcación denunciara haber sido agredida sexualmente durante la travesía. La Policía Nacional informó de que otro ocupante corroboró su relato y los tres hombres ingresaron inicialmente en prisión provisional.
La situación cambió posteriormente cuando la Fiscalía concluyó que existían problemas para que los tribunales españoles asumieran el caso. Los hechos habrían tenido lugar en aguas internacionales, fuera del territorio español, y tanto la denunciante como los investigados son extranjeros, por lo que el juez acordó su puesta en libertad.
La Fiscalía de Canarias ha reaccionado al caso reclamando una modificación de la legislación española que permita perseguir en determinadas circunstancias delitos graves cometidos durante estas travesías aunque se produzcan fuera de aguas territoriales.
De León reclama la vía administrativa de expulsión
El alcalde considera que, al margen de la cuestión penal, el Gobierno debe actuar desde el ámbito de extranjería. “Pide celeridad” para que los tres hombres sean expulsados del territorio nacional, según la posición trasladada por el Ayuntamiento.
Una expulsión administrativa, sin embargo, no se produce de manera automática. El Ministerio del Interior especifica que estas medidas requieren un expediente previo y una resolución motivada, y que la legislación establece distintos supuestos y límites para su aplicación.
De León también ha criticado que los ocupantes de la patera fueran trasladados hasta Arrecife tras el rescate y ha defendido una política de retornos más estricta. Se trata de una valoración política del alcalde sobre la gestión migratoria del Gobierno central.
La embarcación relacionada con la investigación fue rescatada el 16 de septiembre en condiciones muy complicadas. Salvamento Marítimo puso a salvo a 65 personas y recuperó tres cadáveres, mientras se investigaba la desaparición de otros ocupantes.
El alcalde vuelve a citar el caso de los polizones de 2025
De León ha recordado además la llegada a Arrecife en agosto de 2025 de 49 polizones encontrados en un remolcador procedente de Senegal, cuyo desembarco se autorizó por razones humanitarias.
El alcalde sostiene que aquel episodio demuestra, a su juicio, las consecuencias de la actual política migratoria y ha advertido de que situaciones similares podrían repetirse.
También ha hecho referencia al empadronamiento y al acceso a la atención sanitaria de personas extranjeras. El padrón municipal acredita la residencia de hecho en un municipio, pero no convierte por sí solo a una persona en residente legal ni supone automáticamente su regularización migratoria.
Las declaraciones llegan además después de varios rescates recientes en aguas próximas a Lanzarote. Este domingo, Salvamento Marítimo condujo hasta Arrecife una patera con 61 personas, trece de ellas menores, tras localizarla a unos 115 kilómetros al nordeste de la isla.
El debate queda así dividido en dos planos distintos: por un lado, la cuestión judicial y la falta de jurisdicción planteada por la Fiscalía para perseguir los hechos denunciados; por otro, la petición política del alcalde para que las autoridades de extranjería estudien la expulsión de los investigados.