El objetivo es que las personas con movilidad reducida no paguen por la reserva, ocupación o señalización de plazas próximas a su vivienda o trabajo
El Cabildo quiere que reservar una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida deje de tener coste en cualquier municipio de Lanzarote.
El Pleno ha aprobado una moción de Coalición Canaria destinada a coordinar a los siete ayuntamientos y avanzar hacia una misma regulación fiscal para las plazas PMR vinculadas al domicilio o al puesto de trabajo.
La medida no entra en vigor de forma automática. El Cabildo puede impulsar la coordinación y prestar asistencia, pero cada ayuntamiento deberá modificar su propia ordenanza fiscal para eliminar las tasas que tenga actualmente establecidas.
El Real Decreto que regula la tarjeta de estacionamiento reconoce el derecho de sus titulares a solicitar una plaza próxima al domicilio o lugar de trabajo, siempre que se justifique la necesidad y se cumplan las condiciones establecidas por la administración competente.
Una misma plaza, costes distintos según el municipio
La propuesta parte de una situación que el Cabildo quiere corregir: las condiciones económicas no son iguales en los siete municipios.
Puede haber costes derivados de reservar espacio en la vía pública, señalizar la plaza o tramitar la correspondiente autorización.
En Arrecife, por ejemplo, la ordenanza contempla actualmente 30 euros por metro lineal y año para determinadas reservas PMR, además de importes por señalización. Desde 2022, esas cuotas quedan a cero para personas en situación de vulnerabilidad social acreditada.
El acuerdo aprobado busca ir más allá y extender el coste cero a las personas que tengan derecho a estas plazas, sin que el resultado dependa del municipio en el que vivan.
Marci Acuña, consejero de Bienestar Social e Inclusión, defendió que “la accesibilidad tiene que estar por encima de las diferencias administrativas entre municipios”.
“No estamos hablando de conceder un privilegio”, añadió, sino de eliminar una barrera que puede afectar a la autonomía cotidiana de personas con movilidad reducida.
Un mapa para conocer cuántas plazas hay
El Cabildo también elaborará un diagnóstico insular sobre las plazas PMR existentes, con información sobre su número, ubicación y adecuación a las necesidades de cada municipio.
La normativa estatal fija que los principales centros de actividad deben contar con al menos una plaza reservada por cada cuarenta estacionamientos o fracción, sin contar las específicamente ligadas a domicilios o centros de trabajo.
El estudio permitirá comprobar cómo se encuentra Lanzarote respecto a esos parámetros y detectar zonas donde pueda ser necesario incrementar la oferta.
El siguiente paso depende de los ayuntamientos
La moción pide finalmente a los siete consistorios que revisen sus ordenanzas y establece que el Cabildo podrá prestar apoyo técnico y jurídico para facilitar las modificaciones. “Son las corporaciones municipales las que deben adaptar sus respectivas ordenanzas”, reconoció Acuña.
El acuerdo fija por tanto un objetivo insular, pero todavía queda el paso decisivo: que cada municipio apruebe los cambios fiscales necesarios.

