El documento sostiene que debía abstenerse desde que su hijo apareció entre los aspirantes admitidos en julio de 2025
El informe jurídico encargado sobre el proceso de selección de los CACT en el que obtuvo plaza un hijo de Ángel Vázquez concluye que el consejero delegado debía haberse abstenido desde julio de 2025.
Con el documento ya sobre la mesa, Oswaldo Betancort ha pedido al Partido Popular que valore la situación y adopte las medidas oportunas respecto a su representante al frente de los Centros Turísticos.
Debió apartarse cuando apareció su hijo
El informe fija el momento concreto en el que considera que surgió la obligación de abstención.
Fue el 14 de julio de 2025, cuando se publicó el listado provisional de admitidos y ya aparecía el hijo del consejero delegado.
A partir de ahí, según el análisis jurídico, Vázquez debía haber comunicado la situación y dejar de intervenir en cualquier actuación relacionada con el procedimiento.
¿Qué ocurre ahora con el proceso?
El informe no propone anular sin más todas las pruebas realizadas.
La alternativa planteada consiste en declarar anulable el procedimiento, volver al punto en el que Vázquez debía haberse apartado y mantener aquellas actuaciones del tribunal que puedan ser convalidadas porque estén correctamente documentadas.
Eso permitiría corregir el problema detectado sin repetir necesariamente todo el proceso desde cero.
Los demás seleccionados quedan protegidos
El documento presta especial atención a quienes participaron de buena fe y ya fueron contratados.
La solución propuesta pretende que los demás trabajadores que superaron el proceso no pierdan sus derechos por una irregularidad que no les sería imputable.
Tras validar las pruebas correspondientes, el procedimiento podría retomarse desde la propuesta de aspirantes aprobados.
Vázquez, además, deberá abstenerse de firmar cualquier documento relacionado con este expediente.
Betancort pide responsabilidades al PP
La consecuencia política llega inmediatamente después.
Betancort considera que, una vez conocido el informe, corresponde al Partido Popular decidir qué medidas adopta respecto a Ángel Vázquez.
Hasta ahora el presidente había defendido esperar al análisis de toda la documentación antes de extraer conclusiones.
Con ese análisis jurídico terminado, reclama a su socio de gobierno actuar atendiendo a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad política.
No es una sentencia judicial
El informe supone una valoración jurídica interna sobre el procedimiento administrativo.
No se trata de una resolución judicial ni determina por sí solo responsabilidades penales.
Lo que sí concluye es que existía una causa de abstención y plantea cómo corregir administrativamente el procedimiento.
El siguiente movimiento tendrá ahora dos vertientes: la administrativa, para ejecutar las correcciones que correspondan, y la política, sobre la continuidad de Ángel Vázquez al frente de los CACT.