Los socialistas sostienen que varios informes del Cabildo reflejan ratios inferiores a las exigidas, mientras Amavir ha reconocido dificultades para cubrir determinados puestos
El PSOE llevará de nuevo al Pleno del Cabildo la situación de las residencias de mayores gestionadas por Amavir en Tías y Haría. La formación reclama un expediente sancionador para determinar si la empresa incumplió las ratios de personal comprometidas y pide calcular cuánto dinero público pudo abonarse por trabajadores que finalmente no estuvieron disponibles.
Ariagona González sostiene que existen actas de supervisión realizadas por el propio Cabildo que documentan carencias de personal y considera que la Corporación debe explicar por qué, según el PSOE, un expediente informativo anterior acabó archivado sin sanción.
La falta de profesionales en ambos centros no es una cuestión planteada únicamente por la oposición. Amavir reconoció públicamente en marzo que atravesaba problemas para cubrir personal desde el verano de 2025, aunque atribuyó parte de la situación a dificultades de contratación y absentismo y defendió que no existía un abandono generalizado de los residentes.
La preocupación llegó también al Parlamento de Canarias, donde se registraron solicitudes para conocer las ratios de gerocultores, las inspecciones practicadas por el Cabildo, la titulación de los trabajadores, los contratos y los horarios efectivos de las plantillas de Tías y Haría.
El PSOE habla de ratios muy por debajo de lo previsto
La moción asegura que doce actas correspondientes a la residencia de Tías, elaboradas entre febrero y mayo, mostrarían déficits reiterados de gerocultores.
Según el documento socialista, una de esas supervisiones reflejaría entre dos y seis profesionales para 124 residentes cuando la dotación prevista debía alcanzar nueve por turno. El PSOE menciona igualmente ausencia de médico durante aproximadamente un año y diferentes incidencias asistenciales.
Para Haría, la formación afirma que otra acta recogería también turnos por debajo de la dotación requerida y la presencia de únicamente dos trabajadores de atención directa durante la noche.
Estos datos proceden de la moción presentada por el PSOE y será el eventual expediente administrativo el que deba establecer la existencia, alcance y responsabilidad concreta de cualquier incumplimiento contractual.
“Las familias tienen derecho a saber que sus mayores reciben los cuidados que necesitan”, señala González, que reclama reforzar tanto la supervisión como la rendición de cuentas de la concesionaria.
¿Cuánto dinero correspondería reclamar?
Además de una posible sanción, el PSOE quiere que el Cabildo revise las cantidades abonadas a la empresa. Para ello propone comparar el coste de las plantillas contempladas en la oferta contractual con el gasto de personal realmente ejecutado.
La formación pide acceso a información económica y laboral de los últimos años para calcular si el Cabildo pagó por una dotación superior a la que efectivamente prestó servicio.
Los socialistas cifran una posible sanción entre 294.118 y 441.177 euros, aplicando, según su interpretación de los pliegos, una horquilla del 10 % al 15 % sobre la facturación bruta anual de referencia. Esa cantidad constituye por ahora un cálculo de la oposición y no una sanción acordada por el Cabildo.
El contrato de la residencia de Tías está configurado como una concesión administrativa de servicio público sometida a sus pliegos de condiciones, que son los que determinan las obligaciones de la adjudicataria y las posibles consecuencias de un incumplimiento.
La moción plantea incluso que, si tras abrir expediente y exigir la subsanación de las deficiencias estas continuasen, se valore la eventual resolución de la concesión conforme a las cláusulas del contrato.
El Pleno tendrá que pronunciarse ahora sobre la propuesta del PSOE, mientras corresponde a los servicios técnicos y jurídicos del Cabildo determinar, mediante los procedimientos administrativos oportunos, si existen incumplimientos sancionables y cuál sería su alcance.