La empresa quiere detener la ejecución de ocho millones de euros en garantías y reclama que el Consorcio asuma determinados contratos
El conflicto por la gestión del agua de Lanzarote ha entrado oficialmente en los tribunales. Canal de Isabel II ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos que pusieron fin a la concesión y permitieron al Consorcio asumir directamente el servicio.
El organismo insular recibió formalmente la comunicación judicial el 1 de octubre.
Los recursos se encuentran todavía en una fase inicial: Canal no ha presentado todavía sus demandas completas sobre el fondo del asunto. Primero, el Tribunal ha reclamado al Consorcio los expedientes administrativos que dieron lugar a las decisiones del pasado 1 de junio.
Ocho millones de euros en juego
Uno de los principales puntos de conflicto está en las garantías del contrato.
Canal pide que el Tribunal suspenda cautelarmente la ejecución de ocho millones de euros en avales, seis millones correspondientes a la garantía definitiva y dos millones a una complementaria.
Subsidiariamente, plantea limitar esa ejecución al 43,33 %, calculando la proporción entre los aproximadamente trece años que duró efectivamente la concesión y los treinta previstos inicialmente.
La compañía sostiene que los avales pertenecían a Canal de Isabel II y no a la filial Canal Gestión Lanzarote y cuestiona que puedan ejecutarse íntegramente antes de liquidar definitivamente el contrato.
El Consorcio rechaza esa interpretación y defenderá ante el Tribunal que Canal mantiene responsabilidades vinculadas a la concesión.
La gestión directa sigue adelante
Las medidas solicitadas por Canal son solo eso por ahora: solicitudes.
No existe de momento una decisión judicial que haya suspendido los acuerdos de junio, por lo que el Consorcio continúa gestionando el ciclo integral del agua.
La institución tomó posesión efectiva del servicio el 2 de junio, apenas unas horas después de que la Asamblea General aprobara por unanimidad tanto la ruptura contractual como la reversión.
El antiguo contrato había comenzado en 2013 y estaba previsto inicialmente para treinta años.
Canal también cuestiona cómo se hizo la reversión
El segundo recurso afecta al traspaso del servicio.
Canal quiere que el Consorcio se subrogue en determinados contratos que mantenía la anterior concesionaria y reclama además acceso a documentos, sistemas informáticos e instalaciones para poder cerrar la liquidación de la concesión.
El ente público mantiene que ha optado por realizar sus propios procedimientos de contratación y que no tenía obligación de asumir automáticamente todas las relaciones privadas existentes.
Durante las primeras semanas de gestión directa, el nuevo Servicio Integral del Agua asumió más de cien contratos, expedientes y servicios operativos para mantener la continuidad del suministro y del saneamiento.
También se incorporaron los 205 trabajadores procedentes de la concesionaria saliente.
Betancort responde al PSOE
La llegada de la notificación judicial ha servido además para reabrir el cruce político.
Oswaldo Betancort asegura que el Consorcio no conoció oficialmente los recursos hasta el 1 de octubre y rechaza las acusaciones previas del PSOE sobre una supuesta ocultación de información.
“No podía ocultar una demanda que no había recibido ni conocía”, sostiene.
El presidente asegura que ahora remitirá la documentación requerida, informará a los órganos del Consorcio y defenderá judicialmente los acuerdos.
La discusión política seguirá previsiblemente abierta, pero el siguiente paso ya no depende únicamente de las administraciones: será el Tribunal quien tenga que pronunciarse primero sobre las cautelares y, posteriormente, sobre la legalidad de la resolución del contrato y la reversión del servicio.
Mientras tanto, la gestión del agua permanece en manos del Consorcio.